Un poco de números y artículos para bajar las angustias sobre la Ley Universitaria

Luego de la promulgación de la ley universitaria N° 30220 hubo reacciones de todo tipo. Las reacciones de la ANR, las opiniones políticas de Alan García, Keiko Fujimori y Alberto Fujimori, las jurídicas en contra de Enrique Bernales, las jurídicas a favor de César Landa, las oficiales provenientes del ministro Jaime Saavedra y del congresista Daniel Mora y las oficiales de los congresistas fujimoristas en contra (también del PPC y otros). Hubo también las opiniones especializadas que fueron varias y en mayoría más homogéneas.

No obstante, hubo dos ideas en contra de la ley que ocuparon el interés de cierta parte de la opinión pública. Estas posiciones coincidían en que, tanto la exigencia del grado de maestría  para enseñar en las universidades como el establecimiento de los 70 años como límite para seguir enseñando, eran decisiones que no serían posibles de ser aplicadas en el Perú  (Además atentaban contra la posibilidad que nuestros exitosos personajes como Gastón Acurio o Mario Vargas Llosa pudieran ser profesores universitarios. Solo me pregunto ¿por qué ninguna universidad peruana los convocó antes de la nueva ley?)

¿Qué dice la ley?

Para el caso de la exigencia del grado de maestría para enseñar en las universidades no hay duda que la norma dispone que:  

Artículo 82º.- Requisitos para el ejercicio de la docencia

Para el ejercicio de la docencia universitaria, como docente ordinario y contratado es 

obligatorio poseer: 

82.1. El grado de maestro para la formación en el nivel de pregrado. 

82.2. El grado de maestro o doctor para maestrías y programas de especialización. 

82.3. El grado de doctor para la formación a nivel de doctorado. 

Solo para recordar, un indicador muy usado para las acreditaciones es que los docentes universitarios tengan una maestría en docencia y/o didáctica de la educación superior.

Sobre la edad de los docentes y el cese de su trabajo la ley dice que:

Artículo 84º.- Periodo de evaluación para el nombramiento y cese de los 
profesores ordinarios 
[...]

La edad máxima para el ejercicio de la docencia en la universidad pública es setenta años. Pasada esta edad solo podrán ejercer la docencia bajo la condición de docentes extraordinarios y no podrán ocupar cargo administrativo.

La categoría "docente extraordinario" está definido como:

Artículo 80°.- Docentes
[...]

80.2. Extraordinarios: eméritos, honorarios y similares dignidades que señale cada universidad, que no podrán superar el 10% del número total de docentes que dictan en el respectivo semestre.  

Finalmente, estos cambios tiene un plazo de 5 años para ser implementadas tal como lo menciona la norma en la tercera disposición complementaria transitoria:

"Plazo de adecuación de docentes de la universidad pública y privada los docentes que no cumplan con los requisitos a la entrada en vigencia de la presente Ley, tienen hasta cinco (5) años para adecuarse a ésta; de lo contrario, son considerados en la categoría que les corresponda o concluye su vínculo contractual, según corresponda."

¿Qué dicen los datos de  nuestro profesores universitarios?

Según los datos del Censo Universitario 2010, 31.349 docentes universitarios tiene un diploma de maestría. Eso representa el 75% del total.

Una de las angustias mayores es la cantidad de docentes de 70 años que dejarán de enseñar. Aún cuando esto se aplique en este mismo momento (como hemos visto hay un plazo de 5 años), según las cifras oficiales del Censo Universitario del 2010 el 5% de los docentes tiene 70 años o más. 

La distribución de los docentes de 70 años y más es...

Como se ve en la información disponible, la exigencia de contar con una maestría para enseñar en pregrado (en postgrado no hubo cambio) no son tan imposibles de abordar como se supone o como se ha instalado en la opinión pública. Y en cuanto a la edad, ni todos los profesores de 70 años se irán, ni tampoco se irán este mes. Es más, atendiendo a la disponibilidad de 10%, en algunas universidades ningún docente de 70 años se irá.

A informarse para mejorar las opiniones y a construir sin perder distancia crítica.

Nueva Ley Universitaria: primeras reacciones

Con una pequeña diferencia de votos, hoy 26 de junio de 2014 el Congreso de la República aprobó una nueva Ley Universitaria luego de meses de debate, discusiones, disputas y discusión pública. 

El texto aprobado es fundamentalmente igual al dictamen en mayoría presentado por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, salvo en lo concerniente a la Superintendencia de Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), cuyo texto original fue reemplazado (acumulado en términos de procedimiento parlamentario) por la propuesta presentada por el Ministerio de Educación (Minedu).

Dos cosas quedan claras en esta nueva Ley. No se atenta contra la autonomía universitaria, ni contra la iniciativa privada, y que el Estado se hace cargo de liderar las políticas de educación superior y de regular la calidad del servicio educativo.

Estas primeras reacciones consisten en los grandes temas que se propone la Ley.

1. La Ley se reafirma en que la universidad es un espacio de construcción de conocimiento basado en la investigación y la formación integral. Las finalidades, la estructura y organización, las formas de graduación, las características del cuerpo docente, la obligatoriedad por los estudios generales, etc. indican que la reflexión académica es el centro articulador de la vida universitaria. No obstante, sincera una práctica común. Reconoce la existencia de programas no académicos orientados a la profesionalización como una opción universitaria. Y aun cuando a diferencia de otros países no se ha atrevido a denominar directamente "universidades de enseñanza", no limita en lo absoluto su existencia. 
2. La Ley formula la regulación de la calidad a través de la creación de la SUNEDU. Instancia autónoma, cuyos miembros son elegidos mediante concurso público y como en países como EEUU y Colombia es la institución responsable del primer escalón de un sistema de aseguramiento de la calidad. Si bien, se ha decidido colocar "cuotas" para las universidades públicas y privadas (situación que no comprendo bien) rompe con aquello de ser "juez y parte", característica que llevó al mal funcionamiento de las responsabilidades de autorización de funcionamiento y sanciones a la ANR y el CONAFU, ambas instituciones que desaparecen
3. La Ley sienta las bases para una reforma de los mecanismos de aseguramiento de calidad a través de la modificación en el enfoque de otorgamiento de autorizaciones de funcionamiento; es decir, se transita de un enfoque credencialista-burocrático (como el de CONAFU basado fundamentalmente en la elaboración de un documento llamado Proyecto de Desarrollo Institucional) hacia autorizaciones basadas en estándares de calidad. Un enfoque de control de calidad. Se suprime de tal modo, las licencias definitivas para pasar a licencias renovables. Junto con ello, plantea la reforma del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), con la finalidad de ajustar (espero que con miras al establecimiento de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad) los procesos de acreditación.
4. Queda pendiente mirar como funcionará el voto universal en las universidad públicas. No hay evidencia aún del impacto de su aplicación. Lo que queda claro es que la opción de la vieja lee universitaria no estaba funcionando. Las universidades privadas se rigen por sus estatutos. Falta también desarrollar estrategias para articular la universidad con la educación técnica y elaborar otros dispositivos legales que potencien esta nueva norma.

Con el paso de los días iré revisando en detalle los capítulos, pero como reacción general creo que hemos dado un paso adelante en la reforma universitaria. Pensar que esta ley solucionará el problema del sistema universitario es demagogia. Con esta Ley damos pasos importantes hacia la mejora de la universidad peruana. 

Desde hace algunos años, la universidad en el Perú no ha estado cumpliendo con su promesa de ofrecer una mejor vida, más movilidad social y más inclusión a los jóvenes más excluidos de nuestra sociedad. La promesa de democratización que acompañó las decisiones para la expansión universitaria no se cumplieron, como tampoco se cumplió la extendida falacia que el mercado regularía la calidad de esta expansión. Es tarea del Estado asegurar que toda la oferta universitaria tiene una calidad mínima para todos.

¡Tenemos una nueva Ley Universitaria luego de 30 años!

La Espera: la precariedad institucional y la banalidad del mal

[Comentarios al documental "La Espera". Cine Foro en el Instituto de Estudios Peruanos. 24 de junio de 2014]

La Espera. Historias del Baguazo

Primero quiero felicitar el trabajo de Fernando Vílchez y de su equipo técnico, por la narración, la música, los silencios, la historia, y el impecable trabajo de prensa de Claudia Cisneros, Katherine Subirana y Paola Ugaz; para luego decir que lo sucedido en Bagua en el 2009 es una situación indignante, atroz y nos debiera interpelar más intensamente que incluso hace 5 años. Nuestra inacción resulta incomprensible.

Confieso que he tenido que echar mano a todos los mecanismos internos de control con los que contamos para mediar entre la profunda ira y las ganas de reaccionar. Creo haberlo conseguido de alguna manera, de lo contrario mis comentarios hubieran sido inadmisibles para un espacio como este. Un espacio en el que queremos comprender al Perú.

Mucho de lo relatado en “La Espera” nos muestra un conjunto de errores, de incomunicación, de infortunios, de destiempos. Nos muestra cómo los hechos ocurren escondiéndose unos de otros. Como los peruanos nos ocultamos unos de los otros. Nos muestra la imposibilidad del encuentro. 

Pero también, “La Espera” exhibe de la manera más descarnada dos temas en los que quiero detenerme a comentar brevemente. Me refiero a la precariedad de nuestra democracia y a la fragilidad de nuestro Estado. 

1. Desigualdades sociales

La democracia no es solo, ni mucho menos, un actor formal. Es (o debiera ser) una práctica cotidiana en el que "distintos" nos comportamos como "iguales" frente a objetivos mayores que los propios. No obstante, allí donde este acuerdo mínimo no funciona, la democracia falla, muestra sus limites, resiente. 

Se ha vuelto común observar en la desigualdad un factor de ruptura de esos acuerdos. Desde hace algunos años, nos hemos venido preguntando en el IEP sobre la naturaleza de la desigualdad, sus orígenes, sus impactos. Algunas cosas aprendimos. 

• Primero que se trata de desigualdades, así en plural. No solo se trata de un asunto redistributivo, sino que la representación y el reconocimiento forman parte de este problema.
• Segundo que se trata de un asunto histórico y por lo tanto su abordaje requiere de mayor complejidad.
• Tercero que se trata de un asunto de intensidades, no todas las desigualdades son iguales y por lo tanto son percibidas y atendidas de manera diferenciada.
• Cuarto que se trata de un asunto que tiene que ver con la institucionalidad del Estado. Es un asunto de Estado.
• Quinto, que las desigualdades son posible de intensificarse en momentos de crecimiento económico. Que el solo crecimiento no trae como se cree extendidamente igualdad.
• Sexto, finalmente, que las desigualdades se hacen más complejas. Menos previsibles. Más horizontales. Más territoriales.

¿Es posible calidad de democracia con estas desigualdades? y no me refiero solo a democracia entendida como procesos electorales. Si no, me refiero a democracia como experiencia cotidiana de vida.

Lo sucedido en Bagua en el 2009 es una muestra de la básica interacción comunicativa que se requiere para desarrollar la democracia no existe. La premisa acerca de que los planteamientos que cada uno expone están sujetos a refutaciones y son susceptibles de ser modificados o enriquecidos por un “otro” distinto que es reconocido como un interlocutor válido no se respeta porque no hay posibilidad de comunicación equitativa entre desiguales.

"La Espera" nos muestra cuan desiguales somos ciudadanos de gobernantes. Políticos de policías. Policías de pobladores. Indígenas de gobernantes.

2. Discursos de éxito

El otro punto al que me quiero referir brevemente es al de la fragilidad del Estado. “La Espera” nos muestra una combinación de factores peligrosa que atenta contra la institucionalidad del Estado. Me refiero a la coexistencia de la incapacidad del gobierno, es decir de los actores con acceso al poder y la administración; es decir los sujetos y procedimientos propios del ejercicio del poder con un Estado legítimo, a partir de la legitimidad de los recursos materiales, pero sobre todo simbólicos, representados en el caso peruano alrededor del discurso de éxito. 

“La Espera” nos muestra cuán incapaces de actuar “profesional” y “éticamente” fueron el gobierno y su administración, a la vez que muestra cuán “justificado” parece estar esa incapacidad debido a los objetivos mayores de progreso y desarrollo articulados sobre un imaginario social de éxito construido a pulso en el marco de las transformaciones del Estado desde la década de los 90 en el país. El discurso del “perro del hortelano” solo sintetiza un proceso simbólico de construcción del ideal de buena y mejor vida que resulta irresistible, altamente tentador.

Con este discurso de éxito se valida la idea que la meritocracia es un sistema de premios que funciona invariablemente bien si el esfuerzo individual es genuino. Pero para asegurar el éxito se necesita darle la espalda a aquellas asimetrías sociales y culturales que se constituyen en barreras infranqueables que ponen el riesgo el sistema meritocrático. 

Bajo este discurso se requiere construir simbólicamente que el éxito de todos es posible de alcanzar sumando el éxito de individual. Ello no es posible si esos “cada uno” son diferentes. Para alcanzar el éxito del país, de la sociedad unos todos iguales tenemos que contribuir a esa idea de éxito también igual.

Quiero terminar volviendo a la emoción del principio. Hannah Arendt, luego de observar y analizar el juicio que el Estado de Israel le hizo a Adolf Eichmann, militar nazi acusado de genocidio contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, sostuvo que la crueldad es posible que sea una práctica que se realiza de forma “burocrática”, como parte de un sistema, sin mayor reflexión ni consecuencia por los actos de quienes los cometen. 

A esto, Arendt llamó la “banalidad del mal”. Lo sucedido en Bagua, en la Curva del Diablo, en la Estación 6 y en muchos otros momentos de nuestra historia reciente son también muestras terribles de una banalidad del mal que está enquistada entre nosotros.

Conciliaciones en torno a una nueva ley universitaria

Todo cambió repentinamente. No hay tregua para quienes registramos los hechos, los intentamos ordenar y los dejamos “reposar” para luego pretender comprenderlos. 

En la discusión sobre la ley universitaria, el hasta ahora tímido poder ejecutivo entró con una propuesta de ley para la creación de la superintendencia de educación universitaria. De esta forma, se sumó a los congresistas (algunos dueños de universidades), a los rectores de la ANR que se aferran a una vida que inexorablemente parece terminar, a algunos estudiantes despistados que exigen sin proponer (hay otros que sí han propuesto) y a unos ultra libertarios despavoridos por la aparición de un Estado que los amenaza empuñando una guadaña en la mano izquierda.

En efecto, el 16 de este mes el Ejecutivo presentó ante el Congreso de la República la propuesta de ley de creación de la superintendencia de educación universitaria (SUNEDU). En esta propuesta no solo cambió el nombre (recordarán que en el dictamen de Ley Universitaria presentando en mayoría por la comisión de educación, cultura y deporte se llama SUNEU), sino que se hicieron cambios sustantivos. Entre los principales están la conformación y mecanismo de selección del consejo directivo de la SUNEDU y sus roles y funciones principales (sobre esto solo comentaré que extraño que la SUNEDU no se encargue de políticas universitarias específicas y de liderar el sistema de aseguramiento de la calidad).

En el primer caso, el consejo directivo conformado por 7 personas estaría conformado por 2 representantes del Ejecutivo, específicamente del MEF y Minedu, y 5 personajes elegidos por concurso público. A diferencia de al SUNEU del dictamen de Ley Universitario no hay representantes de ningún sector específico, particularmente de las universidades. 

Tal como comenté vía twitter estoy de acuerdo con esta propuesta. Quiebra con aquello que no funcionó en al ANR; es decir, ser juez y parte de los procesos de autorización y vigilancia de las universidades. También, el concurso público pareciera ser un mecanismo que aseguraría mayores y mejores niveles de transparencia y autonomía en la elección de los cargos (con los cuidados del caso). 

Sin embargo, no encuentro sentido a dos asuntos propuestos en este proyecto de ley. Primero la presencia del MEF en la superintendencia y los requisitos del superintendente, a diferencia de los otros. En ambos casos pareciera que se trata de razones tecnocráticas (gestión eficiente, decisiones basadas en cierto tipo evidencias, etc.). Particularmente creo que la fórmula que podría funcionar es tecnocracia en los equipos, política en la dirigencia. De lo contrario, ¿en qué plano comunicativo conversarán un superintendente-gerente y un rector-doctor? 

El ministro Saavedra ha declarado (en rápida respuesta a la opinión desfavorable del Congresista Mora que el Estado debe recuperar el rol rector de la educación superior y que debe dirigir una regulación eficaz y madura. De acuerdo con eso. También ha sostenido que el cambio en la universidad peruana se basa en 4 pilares: sistemas de información, fomento de la calidad, acreditación y licenciamiento. Creo que los pilares debieran ser otros cuatro. El principal es el sistema de aseguramiento de la calidad que integre los distintos mecanismos creados para ello como la acreditación y el licenciamiento. Uno segundo debiera ser la implementación de los mecanismos de regulación de la calidad universitaria. El tercero y fundamental debiera ser el fomento a la construcción del conocimiento, para lo cual se requiere de más y mejor investigación de múltiples tipos. Por último, la instalación de un sistema de información que contribuya con todo lo anterior pues, cómo se sabe por la investigación realizada hasta el momento, la información funciona como insumo para la decisión solo en algunos grupos. La capacidad de elección de los jóvenes más pobres basada en información es solo una fantasía conceptual.

Mi acuerdo con el dictamen de ley tiene que ver con aquello que el Congresista Mora reconoce como la base de esta propuesta de ley: (a) el reconocimiento que la educación es un derecho y como tal es exigible por los ciudadanos y es susceptible de ser garantizada por el Estado, (b) el convencimiento que la universidad está por sobre todo al servicio del desarrollo del país, lo que supone mejor formación profesional, pero también mejor formación democrática, reflexiva y crítica pues con mala educación es posible que haya crecimiento económico pero no desarrollo y (c) la comprobación que una promoción de la inversión privada desregulada no ha traído todos los beneficios que se creyó que traería. Con el DL 882 se creció en cobertura, pero no en calidad. Sino, evaluemos la calidad ofrecida por las 61 universidades autorizadas por CONAFU desde su creación.

Sigo creyendo que ambas propuestas son complementarias y busquemos que sean debatidas juntas en el pleno, que el Congreso entienda la importancia del tema y que los congresistas aprueben las mejores leyes posibles mirando la evidencia y con la voz, pero sin el voto de los congresistas vinculados a universidades (esto sí es conflicto de intereses). Todo esto para que la universidad peruana inicie las reformas que se requieren para superar la crisis en la que se sumerge cada día. Estas leyes que no solucionarán el problema, pero sí abrirán el camino para esas reformas.

Sindicatos, sindicalismo y violencia: ¿quién es el enemigo?

Hace unos días, Diario Exitosa presentó la noticia que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA) había aceptado la inscripción de un nuevo sindicato de maestros. Se trataba de la Federación Nacional de Educadores del Perú (FENDEP), fundada en el Cusco, en diciembre del 2013. Para el secretario general del SUTEP (Sindicato unitario de trabajadores en la educación del Perú), Hamer Villena, esta nueva agrupación sindical está vinculada el pensamiento de Sendero Luminoso y algunos de sus afiliados participaron en las huelgas convocadas en el 2012 por las facciones próximas al senderismo, organizadas en los comités nacionales de reorientación y reconstitución clasista del SUTEP: los CONARE. (Si hay más de un CONARE, institucional e ideológicamente hablando).

Las reacciones no tardaron. La Ministra de Trabajo, Ana Jara, utilizó las redes sociales para rápidamente sostener que se cancelaría la inscripción de este nuevo agrupación sindical inscrita el 25 de marzo de este año.Y así fue. El 17 de abril, a solo dos días de hacerse pública la inscripción, el director regional de trabajo, Aurelio Soto, comunicó la anulación de la inscripción de la FENDEP como nuevo sindicato de docentes. 

Un poco de historia

La utilización del gremio magisterial para la trasmisión de ideas radicales ha estado presente desde hace varios años (puede revisarse los trabajos de Carlos Iván Degregori, particularmente la colección de artículos recopilados en el libro "Qué difícil es ser Díos", IEP 2013, la sección del Informe de la CVR dedicado al tema educativo o un reciente artículo de Julio Vargas sobre la incursión maoista en el magisterio). De hecho, una de las razones que se reconocen como factor desencadenante en la formación de SUTEP tiene que ver con el alejamiento que la dirigencia de izquierda, asociada a Patria Roja, quiso hacer de las vertientes más radicales, ya escindidas años antes en el marco de la famosa ruptura chino-soviética. (La otra de las razón era la necesidad de hacerse "sindicalmente fuertes" frente a la omnipresencia del gobierno de Velasco Alvarado).

En 1972, las asociaciones y gremios de docentes se reunieron en el Cusco, y bajo el liderazgo de Patria Roja y el APRA (vinculado a los sindicatos de docentes de secundaria) se forma el SUTEP como un sindicato unitario de docentes. Desde su primer secretario general, el mítico Horacio Zeballos Gámez, hasta la actualidad, el SUTEP ha estado conducido por Patria Roja. Esta monolítica posición dentro del sindicato ha sido a la vez que su mejor garantía de funcionamiento, su mayor debilidad; el "talón de Aquiles" que no es, sino hasta hoy, que pasa la factura más cara.

Después de la derrota de Sendero Luminoso, que supuso la captura de Abimael Guzmán y los líderes senderistas, esta organización optó por diseñar nuevas estrategias para insertarse en la sociedad. Nuevamente, el magisterio fue una de las vías de trasmisión elegidas (la otra fue la intención del inscribir al MOVADEF como partido político). Los reclamos de los docentes por la poca democracia dentro del SUTEP y la disminuida presencia pública de los sindicatos, como consecuencia de la presión del gobierno de Fujimori, fueron los elementos de un contexto que permitió una nueva incursión senderista en el sindicato.

Aunque se tiene algunos registros de reuniones preparatorias realizadas entre 1993 y 1995, el primer CONARE sale a la luz pública en el año 2003 convocando la I huelga nacional del CONARE, en el marco de la VIII huelga nacional convocada por el comité ejecutivo nacional del SUTEP. Ya el régimen de Fujimori había caído y los sindicatos reaparecían en la escena pública.

La segunda aparición pública del CONARE es en el 2007. Nuevamente, aprovechando una nueva huelga nacional convocada por el SUTEP, CONARE llama a la II huelga nacional. Y es que cómo en el caso anterior, CONARE debe "colgarse" de las huelgas del SUTEP por dos razones: no tienen bases lo suficientemente nacionales para la movilización y tienen resistencias más amplias y profundas en la sociedad. 

Durante esta II huelga convocada por CONARE se produce un cisma interno. El grupo del CONARE liderado por el profesor Robert Huaynalaya (y luego por el profesor Zenón Pantoja), más cercano a la línea senderista conocida como "proseguir" (continuar con la lucha armada luego de la captura de Abimael), se separa del grupo cercano a la facción "acuerdista" (seguidores de los acuerdos de paz sostenidos entre Guzmán y Fujimori), que luego lideraría el profesor Efraín Condori en el sur andino.

De allí en adelante, el sindicato docente ha estado claramente fraccionado. De hecho, durante la última huelga de maestro en el 2012 se convocaron 3 actividades distintas. De forma escalonada, CONARE-Proseguir (Huaynalaya/Pantoja) convocó a la III huelga, CONARE-MOVADEF (Condori) convocó a la I huelga y el SUTEP convocó a la X huelga nacional. (Se habla también de otro grupo denominado "democráticos" que no se alinean ni con los CONARE, ni con el SUTEP de Patria Roja).

De vuelta a abril del 2014

Los requisitos consignados por el MINTRA para la inscripción de sindicatos son fundamentalmente procedimientos administrativos, pero respetan los acuerdos consignados en los convenios internacionales y se ajustan al derecho internacional sindical. Eso parece haber hecho la FENDEP. La cancelación de esa inscripción deber responder, seguramente, a las creativas interpretaciones jurídicas que suelen tener los abogados; y en la por razones obvias no entraré. Sin embargo, considero importante detenerme brevemente en las consecuencias que esta inscripción/cancelación tiene para el magisterio y, claro, para la educación peruana.

Falta identificar más evidencia sobre los vínculos entre la FENDEP y Sendero Luminoso. La información disponible parece indicar que esta relación existe y eso es grave. Pero, en el supuesto de que esa relación no existiese, de todos modos la alerta está instalada. Grupos claramente vinculados como los que conforman los CONARE bien podrían empezar sus procesos de inscripción sindical.

Las consecuencias del ingreso de grupos radicales al magisterio organizado son varias y de alto impacto: la diseminación de ideas senderistas entre un magisterio descontento, maltratado innecesariamente y poco beneficiado del crecimiento económico; el control político del gremio y su consecuente poder formal; y la participación de grupo prosenderistas en los exitosos resultados económicos de la Derrama Magisterial, empresa sería, transparente y eficiente de previsión social del magisterio.

Históricamente, los sindicatos docentes han sido actores fundamentales en la expansión de los sistemas educativos. Muchas veces acompañaron al Estado, cuando no lo sustituyeron, en la institucionalización de las políticas educativas. Han atravesado diversos "modelos" institucionales que comprenden inocuas etapas mutualistas, momentos de acción y propuesta pedagógica, énfasis en la pelea por derechos laborales e incursiones en la política mayor de los países.

En una sociedad democrática, los sindicatos son actores fundamentales para el desarrollo de los sectores. En particular, el SUTEP ha sido un actor que ha contribuido en diversas iniciativas estatales como el proyecto educativo nacional y el marco del buen desempeño docente. Durante el conflicto armado interno, el SUTEP fue en muchas ocasiones el parapeto que intento frenar el avance de Sendero Luminoso.

Varias acciones son importantes de emprender para evitar la irrupción movimientos radicales con ideología senderista en el magisterio nacional. Que el Estado revise la normatividad actual para ajustar los procesos de inscripción sindical en el marco de las reglas democráticas. Que el gobierno haga los esfuerzos por ofrecer mejores condiciones de trabajo a los docentes. Que el SUTEP busque fortalecerse institucionalmente, pues de lo contrario corre el riesgo de desmoronarse en línea como piezas de dominó. Pero sobre todo, urge recomponer la relación entre el magisterio, la sociedad y el Estado.  Maltratar a los maestros es muchas veces injusto y siempre poco estratégico.

Todos tenemos que abrir bien los ojos para identificar quién es el verdadero enemigo. Seguir repitiendo la irreflexiva monserga de que el SUTEP le hace daño a la educación está ayudando bastante más a quienes sí le van a hacer realmente daño a nuestra educación.

Unión Civil y educación: más argumentos a favor

Luego de varias semanas, retomo los posts en Palimpsesto motivado por el ambiente que ha generado la propuesta de Ley de Unión Civil para personas del mismo sexo. Hemos escuchado muchas opiniones sobre el tema; sólidos argumentos jurídicos a favor (me sirven mucho los análisis de Alberto de Belaunde) y también intentos legales por demostrar su imposibilidad (hay un análisis realizado por la facultad de derecho de la Universidad Católica San Pablo). También se esgrimieron consideraciones morales, se apelo al derecho; pero también hubo mucha moralina, mucha doctrina. 

Hemos asistido a una descarga doctrinaria que busca aplacar, con aires de ira divina, a la razón. Por momentos nuestra sociedad pareció no haber transitado hacia esos tiempos en los que la civilidad occidental se modificó debido la separación entre la ciencia, la moral y el arte —y su independencia de la religión y del dogma— y la "aparición" de la razón como factor “igualador” entre las personas.

En este contexto, me pregunté por el papel de los sistemas educativos. Por ejemplo, La Ley General de Educación sostiene que uno de los principios educativos es la inclusión. 

La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. (Art. 9, inciso c).

Pero es más importante para el análisis sobre el papel de la educación en la discusión sobre la unión civil para personas del mismo sexo revisar los lineamientos educativos y orientaciones pedagógicas para la educación sexual integral y más aún, el manual para el desarrollo de esos lineamientos dirigido a los docentes que existen, en una nueva versión, desde el año 2008. Es interesante encontrar menciones, acápites, y propuestas sobre la orientación sexual aparecen en varios momentos de los documentos. Todas estas referencias aparecen en una línea positiva de respeto hacia las orientaciones sexuales. Por ejemplo:

A los mencionados [habla de los derechos sexuales] se agregan, entre otros, el derecho a la no violencia sexual, a la no violencia de género y a la no discriminación por orientación sexual o identidad de género. Asimismo, son derechos sexuales la libertad sexual; la autonomía,integridad y seguridad sexuales del cuerpo; la privacidad sexual; la equidad sexual;el placer sexual; la expresión sexual; la libre asociación sexual; la toma de decisiones sexuales y reproductivas en forma libre y responsable, así como la información y la educación sexual integral basadas en el conocimiento científico. (P. 81).

El marco normativo general y los lineamientos específicos parecen ser favorables para construir una educación que fomente el respeto a la diferencia y los derechos sexuales y reproductivos. A los argumentos jurídicos a favor de la unión civil se le suma los provenientes de las políticas educativas.

Toca en este sentido, que el Minedu trabaje en la capacitación de los docentes, que empiece derrumbando en ellos los mitos adquiridos en relación al tema de orientación sexual, y diseñe estrategias para el desarrollo de estos contenidos con los padres de familia. 

La educación es un vehículo importante para el desarrollo y la democracia. No es solo un proceso fordista de incorporación de información y conocimientos. Es la más extensa forma de construir ciudadanía y tener esperanza que en el futuro nuestra sociedad será mejor.

Gran reto para el sistema educativo, gran reto para el Estado, gran reto para los docentes. Por mi lado, #UnionCivilYa

Resultados #ECE2013: primeras reacciones

Una vez más, la Unidad de Medición de Calidad (UMC) del Ministerio de Educación nos entrega en "tiempo y forma" los resultados de la evaluación censal a estudiantes. A diferencia de otros años, el Minedu optó por publicar los resultados generales en El Comercio (sin la habitual conferencia de prensa) y luego la UMC colgó en su página WEB información desagregada de los resultados.  

En general, las noticias son buenas. Una mejora siempre es una buena noticia. Sin embargo, los niveles en el rendimiento académico de los estudiantes peruanos aún están por debajo de lo deseado. Hay asuntos pendientes que atender y evaluaciones que hacer. 

En primer lugar, hay que destacar las mejoras. En el promedio general nacional, tanto en comprensión lectora como en matemáticas, se muestra un incremento significativo del porcentaje de estudiantes en el nivel de logro esperado.

Comprensión lectora - Nacional  

Matemáticas - Nacional

En segundo lugar, hay algunas tendencias que deberían llamarnos la atención. Se trata de la disminución promedio del rendimiento de los estudiantes provenientes de la educación privada.

Comprensión lectora - Nacional (público y privado)

Matemáticas - Nacional (público y privado)

Finalmente, en el tema de EIB, poco más del 50% de los estudiantes se ubican en el grupo más bajo de logro en la prueba de Comprensión lectora en castellano como segunda lengua. 

Comprensión lectora en Castellano como Segunda Lengua 

¿Qué posibles explicaciones tienen estos resultados?

1. La estrategia de acompañamiento docente es bastante más efectiva que las capacitaciones masivas impulsadas en la décadas anteriores. Esta manera de acercarse a la formación en servicio es una de las más importantes lecciones aprendidas de las reformas de la década de los años noventa.
2. La calidad educativa de la oferta privada requiere ser regulada de alguna forma. Ni el mercado, ni la autorregulación parecieran ser eficientes según los resultados exhibidos en los últimos años. 
3. Las decisiones tomadas por el gobierno de Alan García sobre la educación intercultural bilingüe y la educación rural pasan la factura. Durante el quinquenio 2006-2011 no solo "desapareció" la formación docente EIB, sino que se cancelaron los proyectos dirigidos a las zonas rurales.

Toda reforma (o intento de ella) tiene una hipótesis de mejora. Una presunción de por donde deben ir las decisiones para obtener los mejores resultados. Durante las llamadas reformas tecnocráticas de los años 90 (algunos las llaman también reformas neoliberales) la hipótesis de mejora consistió en mejorar insumos para mejorar productos, al amparo de un enfoque particular de calidad educativa.

Aun cuando las evaluaciones latinoamericanas mostraron los límites, pues sirvieron para ampliar la cobertura pero no para ofrecer calidad y menos equidad, en el Perú se mantuvo la misma idea desde los años 90 durante los gobiernos de Alejandro Toledo y, con más énfasis, en el de Alan García.

El camino de reformas emprendido por la Ministra Patricia Salas y felizmente sostenido por el Ministro Jaime Saavedra empieza a mostrar sus frutos, pese a quienes no creen en estas reformas. Ojala se mejoren los temas pendientes y se fortalezca el equipo del Minedu, quien es parte importante en estos cambios. Cambiar las hipótesis de mejora hacia el desarrollo profesional de los docentes y la búsqueda de la igualdad educativa son aciertos que muestran ya algunos frutos.