Asegurar la calidad
La discusión generada por la aprobación del dictamen de la ley universitaria, innecesariamente polarizada por algunos políticos y empresarios, ha permitido develar la precaria situación de la calidad de las universidades peruanas. Ya no queda duda. Los mecanismos y los instrumentos de aseguramiento de calidad educativa universitaria que tenemos no están funcionando.
Aun cuando no exista un indicador que concentre “la
calidad” universitaria, es posible aproximarse a ella desde varias
perspectivas. Es consenso, por ejemplo, considerar como indicadores de calidad
la empleabilidad de los egresados o el nivel de subempleo profesional y, desde
una perspectiva institucional, se consideran criterios de calidad los grados y
títulos de los docentes, la producción académica de las instituciones y los
niveles de exigibilidad para el ingreso a la universidad. Estos criterios no
son todos, ni lo demuestran todo; sin embargo, son una buena manera de hacer un
diagnóstico, a la vez que son salidas al problema.
En el Perú, la información que proviene de estos
criterios es preocupante. Si bien los índices de empleabilidad de los egresados
universitarios son uno de los secretos mejor guardados, se estima, según las
propias universidades, que el rango va desde 40 hasta 90 por ciento en el caso
de las universidades privadas. Eso quiere decir que en el peor de los casos 6
de cada 10 egresados de esas universidades no encuentran trabajo o trabajan en
una actividad por debajo de su condición profesional. Esto está asociado con otro indicador:
el subempleo profesional. Según Yamada, Castro y Rivera entre el 2004 y el 2010 se pasó de 29% a
35%.
Por su lado los criterios
académicos muestran según el censo universitario 2010 que el 5,2% de los docentes
universitarios han obtenido el grado de doctor, según el informe SIR 2013 solo 9 universidades presentaron documentos científicos
y los procesos
de ingreso a la universidad se han flexibilizado de modo tal que no logran
adecuados niveles de selectividad, tal como lo muestran Yamada, Castro, Bacigalupo y Velarde y como lo reportan corresponsales.pe.
Para asegurar la calidad de la educación superior, las tendencias latinoamericanas se orientan hacia el desarrollo de sistemas que favorezcan el funcionamiento
articulado de las autorizaciones de funcionamiento, la acreditación y la
evidencia de mejoramiento continuo de los asuntos académicos.
El primero de ellos, el licenciamiento, es el
proceso que garantiza el control de calidad inicial. Por ello, el reto es
lograr más que un burocrático proceso de autorización. La acreditación es el
segundo elemento del sistema de aseguramiento y se busca con ello asegurar las
condiciones necesarias para brindar un servicio educativo de calidad. Esta
distinción sobre el rol de la acreditación resulta fundamental pues se retorna
con esto a la idea inicial de la acreditación (Enfoques de acreditación: proceso
(voluntario) à
institución mide su calidad de productos y servicios à estándares à autoevaluación y
evaluación externa). La última de las fases, el mejoramiento, supone una auditoria
académica permanente. Es decir, buscar medir los resultados académicos
establecidos en estándares validados.
En el Perú, dos de estos elementos operan
actualmente con ciertas dificultades y de manera desarticulada. Uno de ellos es
el CONAFU quien tiene la responsabilidad de evaluar las solicitudes de autorización de
funcionamiento de las nuevas universidades públicas y privadas. De las 140
universidades públicas y privadas, 64 funcionan
con una autorización provisional.
CONAFU ha autorizado el funcionamiento de 81 universidades desde su creación en
1995.
En la misma
línea, la acreditación viene mostrando algunos rezagos. Hasta el 2012, se han acreditado
8 carreras
y
aproximadamente el 30% de todas las carreras que existen en el país han iniciado
sus procesos de acreditación. La responsabilidad de la acreditación o el
reconocimiento de acreditación es del CONEAU
En la actualidad, alrededor de 865.000 jóvenes
estudian en alguna universidad peruana, el 63% de ellos lo hacen en una
universidad privada y el 39% de esa matrícula privada se concentra en las
universidades ubicadas en el último tercio de los rankings nacionales. Y es que
en contextos de expansión de la oferta, el aseguramiento de calidad se hace una
necesidad imperiosa, para evitar que la masificación venga acompañada de una
precarización de la calidad que opaque las ventajas de democratización que la
expansión sí trae consigo.
La salida parece estar en la implementación de un
sistema de aseguramiento de calidad. La acreditación resulta insuficiente para
asegurar calidad de la educación superior masificada. Este sistema no solo debe
modificar aquello que se viene haciendo (autorizaciones y acreditación) e incorporar
mecanismos de auditoria académica, sino que deben hacerse los ajustes
institucionales que permitan poner en marcha este sistema. Creo que la creación
de la superintendencia es un camino en este sentido.
