La protección a los niños… primero y siempre

Durante esta semana, el portal corresponsales.pe publicó la solicitud hecha al Ministerio de Educación (Minedu) para obtener información sobre los resultados de las evaluaciones censales de estudiantes (ECE), con la finalidad de conocer la calidad educativa por colegio. El Minedu siguiendo un protocolo de protección de la información, le solicitó a Aramis Ramos, coordinador general de Corresponsales, firmar un compromiso de buen uso de la información que consiste en salvaguardar la identidad de los colegios evaluados. Corresponsales consideró que el Minedu incumple la ley de transparencia y acceso a la información pública, pues dicha ley no contempla restricciones.

Esto generó una rápida reacción de algunos especialistas en educación quienes manifestaron su preocupación sobre el tema. Esta es una vieja discusión en el campo de la educación y los consensos alrededor del tema son que la publicación de resultados por escuelas (y peor por estudiantes) trae más problemas que beneficios.

Manuel Bello Domínguez

Los resultados de una prueba en 2do. grado no son un buen indicador de la calidad de los colegios. Los resultados dependen de varios factores, escolares y extraescolares. La calidad educativa es un asunto complejo, que tiene que ser manejado con cuidado; la competencia y las lógicas de mercado no son convenientes para asegurar calidad y equidad en educación. La publicación de rankings de escuelas ha tenido efectos nefastos en los sistemas escolares de otros países. La UMCE debe mantener su política de entregar al público resultados generales y a cada escuela sus resultados comparativos con años anteriores y con promedios de escuelas similares o de su ámbito geográfico. El Estado tiene la obligación de asegurar la calidad de la educación que se ofrece a todos los niños y niñas; no es su rol promover la competencia ni menos propiciar la descalificación de escuelas cuyos resultados bajos pueden responder a factores ajenos a su control.

Responder · 5 · Ya no me gusta · Seguir esta publicación · 23 de enero a la(s) 14:29

Ricardo Cuenca · Lima

Los sistemas estandarizados de evaluación estandarizada del rendimiento de los estudiantes fueron creados para monitorear el sistema educativo y así tener información para la toma de decisiones de políticas públicas, para generar diagnósticos pedagógicos que ayuden a los docentes a mejorar los procesos de enseñaza y aprendizaje de los estudiantes, y para que la escuela (directores, docentes) puedan rendir cuenta a los padres de familia. La idea publicar los resultados desagrados por colegios no ha traído buenas noticias. Primero no genera ningún cambio en los resultados. Segundo se corre el riesgo que las ventajas de las evaluaciones se perviertan al generar rankings que no producirán sino frustración entre los estudiantes y desresponsabilización de los docentes (como reacción frente al ataque). La competencia que se genera en condiciones desiguales no es competencia. Las escuelas con peores resultados serán siempre las más pobres. ¿De qué le vale a los padres saber que su hijo tiene peores resultados que los que obtienen los estudiantes de una escuela a la que no podrá acceder?

Responder · 7 · Me gusta · Cancelar la suscripción a esta publicación · 23 de enero a la(s) 14:50

Leon Trahtemberg · Sigues a esta persona · Universidad Hebrea de Jerusalem · 3231 suscriptores

Comparto las mismas preocupaciones expresadas por Ricardo y Manuel.
Responder · 2 · Me gusta · Seguir esta publicación · Editado · Ayer a las 6:43

La lista de reparos a publicar resultados por colegio es enorme. Cuidado com no jugar con fuego. Esto ya salió muy mal en Chile
Responder · 1 · Me gusta · Ayer a las 8:31

Por si acaso los reparos que señalamos los tres comentaristas no se refieren a no publicar resultados por alumnos sino además por colegio. Más adelante me extenderé mis argumentos.
Responder · 1 · Me gusta · Seguir esta publicación · Hace 21 horas

Cesar Guadalupe · Lecturer/Researcher en Universidad del Pacífico (Lima, Perú)

Sólo para sumarme a los comentarios de Manuel y Ricardo con los que coincido plenamente. Además, no me parece adecuado tratar de hacer una campaña sobre un tema erróneamente planteado.

Responder · 2 · Ya no me gusta · Seguir esta publicación · 23 de enero a la(s) 18:29

La discusión se orientó hacia el derecho de acceso a la información y legalidad de la transparencia. Algunos especialistas en estos temas fueron invitados por Corresponsales para emitir su opinión al respecto. Parece no existir duda en el asunto legal. Si la ley lo manda, el Ministerio de Educación tiene que acatar. No es mi intención entrar en interpretaciones legales que no conozco. Creo que el asunto no es de legalidad, sino de moralidad.

La restricción del MINEDU de entregar los resultados de las evaluaciones de los estudiantes forma parte de un acuerdo ético para proteger la situación de los estudiantes, en este caso, de niños de segundo grado de primaria. Pero además, la publicación de resultados desagregados por escuelas no traen todos los beneficios que supone difundir esa información. 

La razón principal de aquellos que buscan publicar los resultados es ofrecer información para que la sociedad y los padres sepan la situación de calidad educativa (sobre si es indicador de calidad o no preparé otro post. Por el momento, pueden revisar artículos en REICE y RIEJS). Los supuestos detrás son que los padres tendrán más y mejor información para que puedan elegir en libertad la escuela para sus hijos, y que la competencia, que generaría la información pública, logrará que el servicio educativo mejore. 

El primer supuesto es complejo y supondría una larga discusión filosófica y política sobre el sentido de la libertad. No obstante, es válido preguntarnos primero ¿si es verdad que la libertad opera en un contexto sin condicionalidades socioeconómicas y culturales? ¿Tienen las familias más pobres la libertad de cambiar de colegio a sus hijos? ¿Es la información de las evaluaciones de estudiantes de segundo grado de primaria en dos áreas curriculares específicas suficiente para ejercer la libertad de elegir? 

No obstante, allí donde hay argumentos mayoritariamente aceptados entre los especialistas en educación es que la competencia educativa no es un proceso que funcione correctamente, pues el mercado educativo es imperfecto.

Santiago Cueto escribió hace algunas semanas un artículo titulado "La competencia como motor para mejorar la educación: un voto en contra". Cueto sostiene ahí que instaurar la competencia como motor para mejorar la calidad de la educación se trata de una "idea atractiva, pero presenta varias dificultades."

Los objetivos de las evaluaciones estandarizadas son monitorear el sistema educativo para diseñar mejores políticas educativas, realizar diagnósticos pedagógicos para ayudar a los maestros a enseñar mejor y establecer procesos de rendición de cuentas de la escuela hacia los padres de familia. Estos son también acuerdos entre los especialistas. Vale la pena revisar este documento elaborado por los más importantes expertos en materia de evaluaciones estandarizadas.

"Es loable el afán de demandar al Estado transparencia en materia d difusión de resultados evaluativos. El problema -en un país con brechas enormes producto de situaciones socioeconómicas de injusticia ancestral- es qué hacer con esos resultados. Difundirlos masivamente no modificará la actual situación ni será aliciente para que los padres puedan "escoger" los centros donde debieran educarse sus hijos. Chile que es un país donde la evaluación educativa tiene larga data y cuenta con mayor institucionalización, repite cada año resultados que demuestran los mayores logros de centros privados y pobres resultados en centros municipalizados. La idea ministerial reciente de marcar con colores rojo, ámbar y verde los centros educativos generó críticas tan severas que tuvo que desecharse" (José Rivero)

La publicación de los resultados de las evaluaciones estandarizadas de rendimiento educativo por escuelas ocasionan sobre todo la estigmatización de las escuelas y los docentes, la preocupación de los padres y un enorme sinsabor de los estudiantes de esas escuelas. Como sabemos, los resultados educativos tiene una estrechísima relación con las condiciones socioeconómicas de las familias. La Unidad de Medición de la Calidad del Minedu entrega informes a las escuelas y los padres, verdaderos interesados en conocer los niveles de desempeño de cada uno de los estudiantes. A nosotros, la opinión pública, nos es suficiente conocer los resultados que año a año presenta el Minedu para monitorear lo que pasa con la educación en el país

Por eso es desde mi punto de vista no publicar la información de las evaluaciones por escuela es un asunto de moralidad, es decir de la puesta en práctica de un sistema normativo suprainstrumental que aspira a ordenar el comportamiento social, antes que de legalidad.

La protección a los niños está siempre primero.  

“La trampa de la trampa". Una respuesta a Juan Fernando Vega

Hace unas semanas, mi amigo Juan Fernando Vega publicó interesantes reflexiones en el blog "Universidad siglo XXI" de la dirección de asuntos académicos de la PUCP. En el post, titulado "Errores indeseados. Trampas del paradigma elitista en el debate universitario.", Juan Fernando sostiene que las críticas [negativas por cierto] sobre el crecimiento [desmedido, también por cierto] de la oferta universitaria supone una inclinación hacia posiciones cercanas a la idea de una educación universitaria elitista. Vega recurre a un conjunto de ideas aparecidas en una nota periodística en Perú 21, en declaraciones del Congresista Daniel Mora y en un artículo de Gustavo Yamada, Juan F. Castro, José Bacigalupo y Luciana Velarde publicado en la Revista Apuntes para concluir que:

"En realidad ambos argumentos asumen una idea común implícita (eso hacen los paradigmas): la educación universitaria debería conservar el carácter que solía tener: ser reservada a unos pocos con altas capacidades (paradigma elitista)."

Juan Fernando propone "darle la vuelta" al supuesto; es decir, reconocer que el camino a la universalización de la educación universitaria es el deseable y el necesario, y que, por lo tanto, la restricción de la oferta no tiene sentido. 

"Si cambiamos el supuesto y decimos que es necesario e inevitable universalizar la educación superior, y que esto implicará la práctica universalización de la educación universitaria (paradigma universal o inclusivo), ambos argumentos pierden razonabilidad."

Juan Fernando se plantea preguntas interesantes sobre la gratuidad de la educación superior, la articulación de la educación universitaria y técnica, y la diversificación de la oferta. Sin embargo, Juan Fernando se equivoca en su argumento sobre la mayor importancia que debiera tener la expansión (apelando al derecho a la educación) frente a la calidad que esta expansión exhibe. Postula una premisa contradictoria. Reclama calidad, pero desconoce que la expansión desordenada y desregulada trae consigo un deterioro de la calidad. Se apresura en suponer que “El efecto no deseado de estas soluciones [restringir la expansión] es que se congelaría la oferta”. Así muchos se quedarían sin oportunidades de estudio.

                                                    

La tensión entre la democratización del servicio educativo y la precarización de la calidad en contextos de expansión universitaria es un tema de preocupación latinoamericana que tiene varios años. El IESALC, CINDA, Claudio Rama, Emilio Gautier o José Joaquín Brunner han reflexionado sobre el tema y grosso modo han concluido en que los beneficios de la expansión del sistema universitario será en efecto positivo si el servicio ofrecido es de calidad; es decir, democratizar con calidad.

En el Perú, es evidente el problema de la calidad del servicio universitario [se puede revisar el post anterior]. Alrededor del 38% de la matrícula universitaria está concentrada en 10 universidades, de las cuales 8 están ubicadas en los puestos inferiores de cualquier ranking elaborado en el país o son aquellas que cuentan con los menores números de publicaciones científicas, docentes con grados académicos altos, etc.

Pero además, Vega deja entrever una posición conservadora y tradicional sobre la calidad educativa. Esa que establece que primero se debe asegurar la ampliación de la cobertura para luego buscar calidad, a partir de las leyes del mercado o de la autorregulación. Las evaluaciones de las reformas educativas emprendidas en los años noventa bajo este enfoque han determinado que esa “formula” no funciona. Ampliación de cobertura sin calidad no tiene sentido, castiga a los más pobres y no cumple con la movilidad y mejora que la educación promete. En el caso de la educación superior, el problema se agrava porque en este nivel no hay marcha atrás. Una persona formada en una institución de mala calidad solo contribuirá a incrementar las tasas de subempleo profesional o, peor aún, la informalidad en el país.

Juan Fernando hace una tímida mención al problema de la calidad. Afirma que: “Por supuesto, esto no implica que nuestro argumento no contenga riesgos indeseables. [Se refiere a la universalización]. Incluso en una lógica de universalización será necesario asegurar la calidad de los servicios prestados.” No obstante, a la luz de los resultados, el problema de la calidad no es un “riesgo indeseable” es el principal problema que hay que enfrentar. Debiera ser la mayor preocupación. Una salida [propuesta por Juan Fernando y por el propio Consejo Nacional de Educación] es la instalación de un sistema que integre lo universitario y lo técnico. Pero eso no alcanza. Se requiere regular la calidad del servicio educativo y es en ello donde la discusión sobre la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria cobra sentido.

El reto, Negro, está en como sacarle provecho a la democratización de la educación superior. La trampa no es paradigmática. La trampa está en creer que el orden correcto es expandir y luego cuidar la calidad. De esa trampa ya hemos tenido bastante y estamos ahora pagando sus consecuencias.

¡Al debate!... con ética del discurso

Como parte de su teoría de acción comunicativa, Jürgen Habermas sostiene que la interacción comunicativa —aquella que contribuye a sostener la democracia—  requiere que cada individuo sea capaz de plantear sus ideas, bajo la premisa que estos planteamientos están sujetos a refutaciones y son susceptibles de ser modificados (enriquecidos) por un “otro” (distinto) que es reconocido como un interlocutor válido. En esta interacción el “mejor argumento” es la única restricción posible.

A un mes de aprobado el dictamen de la Ley Universitaria por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, el inicio de una conversación parece haber llegado. Hay una tregua en la despiadada batalla plagada de agresiones, de descalificaciones de personas, de posturas doctrinarias, de intereses particulares. Y aun cuando hay algunos políticos, rectores y funcionarios que apuestan tercamente en petardear el debate, grupos de estudiantes, algunos periodistas y gremios, algunos profesores universitarios y especialistas intentan abrir el camino de la discusión.

Uno de estos actores que han entrado al debate son los estudiantes. Por el momento, han intercambiado algunas ideas representantes de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) y de la Federación de Estudiantes de la Pontifica Universidad Católica del Perú. Ambos grupos coinciden en la eliminación del lucro y la necesidad de asegurar la autonomía de la superintendencia nacional de educación universitaria (SUNEU). Por su lado, la FEP ha convocado a otras federaciones de estudiantes a una Asamblea General de Dirigentes Estudiantiles (ANADES) para el 31 de enero y la FEPUC ha presentado una propuesta de modificación de artículos del dictamen.

Por otro lado, la Federación de Instituciones Privada de Educación Superior (FIPES) anuncia que presentará una propuesta de modificación de artículos y los congresistas Yohny Lescano y Karla Schaefer han presentado dictámenes en minoría.

Al seguir el debate (aun precario y elemental en consideración a Habermas) es posible darse cuenta que el origen de "todas las iras" está en quién regula qué calidad: ¿autorregulación institucional?, ¿el mercado? ¿una institución del Estado? ¿educación para el mercado laboral o para el conocimiento y la ciencia? ¿para ambos? ¿en qué medida cada uno de ellos?

Las propuestas para solucionar la regulación de la calidad deben liberarse de intereses particulares y anacrónicas doctrinas. Ni los mecanismos de aseguramiento de la calidad, ni las instituciones responsables de implementarlos están funcionando. Luego de más de 10 años, de las 84 universidades autorizadas por CONAFU, 64 funcionan con autorizaciones provisionales y el CONEAU solo ha podido acreditar 8 carreras de todas las que se ofrecen en las 140 universidades que existen en el país actualmente.

La situación es urgente, el debate tiene que estar a la altura para que las decisiones sean las mejores. Por ello los argumentos y la evidencia deben ser el centro de la discusión. Colocar la calidad por encima de intereses y doctrinas es una buena salida; como también lo es empezar considerando que el "otro" también existe.

"Es mejor tener algo (una universidad de mediana calidad) a no tener nada"

Está frase forma parte de la nota que el periodista Ricardo Monzón Kcomt publica hoy en Perú 21. Este desatino, por increíble que parezca, pertenece a Luis Enrique Carpio, presidente del Conafu, quien justifica así el ineficiente trabajo que realizan en las autorizaciones de funcionamiento para nuevas universidades.

“Nosotros no estamos infrigiendo ninguna ley (al crear universidades)… Es mejor tener algo (una universidad de mediana calidad) a no tener nada, porque no creo que a un joven pobre le vas a decir que la alternativa es: o tienes estudios de calidad o no tienes nada”

Es tan correcto aquello que dice respecto al irrestricto cumplimiento de la ley, como irresponsable el mensaje que da a los jóvenes pobres.

El tema de calidad educativa es fundamental para el desarrollo del país. Mientras otros países avanzan en esta discusión, doctrinas e intereses nos entrampan y nos dirigen al despeñadero. No me cansaré en decir que progreso no es desarrollo, que crecimiento económico no es desarrollo.

“Distraídos por la búsqueda de la riqueza, nos inclinamos cada vez más por esperar de nuestras escuelas [y universidades] que formen personas aptas para generar renta en lugar de ciudadanos reflexivos. […] ¿Qué nos encontraremos en el futuro si estas tendencias se prolongan? Pues tendremos naciones enteras compuestas por personas con formación técnica, pero sin la menor capacidad para criticar a la autoridad, es decir, naciones enteras generadoras de renta con la imaginación atrofiada.” Nussbaum, Martha. (2010). Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades. Buenos Aires: Katz, p. 187.

Esto también es calidad. ¡Qué lejos estamos!